Empresas de banqueros prófugos apadrinados por Aponte Aponte mantienen negocios con PDVSA

El grupo de banqueros causantes de la más reciente crisis financiera que tuvo el país en 2010, los cuales se encuentran prófugos en el exterior, aun mantienen onerosos negocios con Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA) y las empresas básicas.

Así fue dado a conocer por miembros del Sindicato de Trabajadores Bolivarianos Revolucionarios de la estatal petrolera que, por razones de seguridad, han preferido hacer la denuncia en el anonimato.

Los denunciantes, exponen que la empresa Mamusa Industrial, propiedad de la familia González Yánez, mantiene a través de sus filiales “jugosos” contratos con empresas del Estado venezolano pese que a mediados del año pasado la Superintendencia de Bancos (SUDEBAN) intervino la inversora MM5000, que es la principal de todas las compañías y el patrimonio de la familia González Yánez.

Se pudo saber, que las empresas de esta familia son dirigidas por Juan González, expresidente de la Cámara Venezolano Colombiana, financista de Pedro Carmona Estanga, y activo vocero del grupo de Fedecámaras que aupó el golpe de Estado en abril de 2001.

En Primicias24.com se tuvo acceso a documentos que ponen de manifiesto que Sudeban y Fogade mantienen acciones judiciales contra las mencionadas empresas pero algunos intereses tratan de dar con el traste del trabajo adelantado, sobre todo respecto a la recuperación de los millones de bolívares que el clan familiar sustrajo, junto a otros personajes, del Banco Canarias.

Es de conocimiento de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, tanto las acciones de Sudeban como el pedido que hacen los trabajadores revolucionarios de PDVSA para dar paso a la confiscación de todas las empresas del clan González Yánez y el resto del grupo de banqueros prófugos, y ser puestas al servicio de nuestra industria petrolera y manejadas por los propios trabajadores.

El llamado es pues a las autoridades de la Sudeban, Fogade, TSJ, SEBIN y la Fiscalía para que pongan tras las rejas a estos depredadores de los bienes de los ahorristas del Banco Canarias, y la confiscación inmediata de sus empresas

Empresas que pasarían a manos de los trabajadores

Entre los activos que empezarían a manejar los trabajadores de PDVSA, y de otras empresas dependiendo de las características comerciales de las firmas, tras la confiscación de bienes planteada, están Santa Barbara Airlines (propiedad de Domingo González); Mamusa Industrial (manajada por Juan González, hijo de Domingo); Hotel Tinajeros Resort en Margarita; Corretaje Lincon; Frenos Midas; Casa de Bolsa U-21; Seguros Canarias; Cromados Duros y el Hotel Concord de Margarita, todos estos grupos receptores de créditos del Banco Canarias que no fueron pagados en muchos casos.

Vinculaciones con el exmagistrado Eladio Aponte Aponte

A través de cruces entre el nombre de Aponte Aponte y su cédula de identidad en el sistema del Banco Canarias, se corroboró que el exmagistrado manejaba tarjetas de crédito corporativas de dicha entidad bancaria, con lo cual se pagaban los favores del caso Microstar y se le garantizaba la seguridad a los canarios. Todo un intercambio sinérgico ganar- ganar.

Aponte, junto al vicepresidente del banco, Angel Meza, Alvaro Gorrin, Domingo González, Miguel Brito y otros banqueros, eran asiduos al restaurant La Tabernita Escondida del CCCT, donde se reunían a “compartir” luego de estar en las oficinas de la empresa Digor 2000 C. A, propiedad de Gorrin, cuyas oficinas se ubicaban en el mismo centro comercial. Pueden dar fe de esta afirmación los trabajadores del recinto.

Semejante padrinazgo se extendió a las empresas Mamusa, Goya Industrial, Frenos Breako, Cromados Duros, Seguros Canarias, Lincin Corretaje de Seguros, y muchas otras que, de acuerdo al resuelto de la Sudeban, deberían ser confiscadas y puestas al servicio del país.

El llamado es pues a las autoridades de la Sudeban, Fogade, TSJ, SEBIN y la Fiscalía para que pongan tras las rejas a estos depredadores de los bienes de los ahorristas del Banco Canarias, y la confiscación inmediata de sus empresas.