Bolivia denuncia a representantes de empresas venezolanas y otros países

La Contraloría General de Bolivia denunció hoy por supuesto fraude a representantes de empresas de este país, Italia, Venezuela y Colombia contratadas en 2009 para construir una represa y que habrían provocado un daño al Estado de 23 millones de dólares.

El subcontralor de Servicios Legales de la Contraloría, Edino Clavijo, dijo a Efe que las denuncias están en un informe sobre supuestos delitos cometidos por esas empresas cuando formaron el Consorcio Hidroelétrico Misicuni para adjudicarse en 2009 la construcción de la represa en la región central de Cochabamba.

Los denunciados por asociación ficticia, asociación delictiva y falsedad ideológica, entre otros delitos, son el italiano Francesco Senis y los bolivianos Martín Francisco Rovira Rada, Eduardo Gómez Vásquez, Raúl Nemtala Caballero y Julio Hernán Espinel Martín.

Ellos representaron en su momento al consorcio que se adjudicó la obra, formado por la empresa italiana Grandi Lavori Fincosit, la boliviana Construcciones, Comercio e Industria (CCI), las venezolanas Vialpas y Obras Especiales Obresca y las colombianas Change Consulting Group Colombia y Contratos y Concesiones.

Clavijo dijo que la denuncia está centrada en el hecho de que la firma italiana figuraba inicialmente como la socia mayoritaria del consorcio (51%) para facilitar la obtención de un crédito italiano a Bolivia destinado al proyecto, lo que permitió esa adjudicación.

Sin embargo, en paralelo a la formación de ese consorcio con el liderazgo de Grandi Lavori, los mismos socios firmaron un “contradocumento” en los que esta empresa cede sus acciones y solo acepta cobrar un 4,5% del monto contratado “a cambio de prestar su nombre” para la licitación, afirmó el abogado de la Contraloría.

“Es evidente el engaño en que se ha incurrido contra el Estado boliviano porque Grandi Lavori era la que ofrecía la idoneidad empresarial para hacer esa obra de tremenda envergadura”, agregó.

A juicio de la Contraloría, los incumplimientos que sobrevinieron después de esa irregularidad provocaron finalmente que en 2013 el Estado rescindiera ese contrato con nuevos retrasos en esa obra clave para dar una provisión de agua continua a la ciudad de Cochabamba.

El Estado boliviano calculó en $18 millones el daño provocado por no haberse ejecutado la obra en los plazos previstos y en $5 millones la compra supuestamente irregular de maquinaria en una subasta en Estado Unidos.

El presupuesto para el proyecto Misicuni inicialmente era de 84 millones de dólares, que se iba a financiar con recursos de Bolivia y un crédito italiano, aunque actualmente el Estado boliviano se está haciendo cargo de la obra al considerarla estratégica.

La Contraloría presentará antes de 48 horas la acusación formal ante el Ministerio Público contra los denunciados para activar las investigaciones sobre este caso, según el abogado.