110 civiles privados de libertad luego de aplicación del Plan Zamora en Carabobo

ELVICTORIANO.COM.VE - Desde la aplicación del Plan Zamora en el estado Carabobo, el pasado 4 de mayo, 110 civiles fueron privados de libertad, hecho repudiado por el Colegio de Abogados de la región, el Bloque Constitucional de Venezuela y el Foro Penal Venezolano, luego de que sus representantes consideraran que se traduce en una violación de la Constitución Nacional.

Desde su aprehensión, hombres y mujeres compartieron espacio en un salón con un solo baño mientras esperaron la hora de la audiencia de presentación en los tribunales militares, instalados en el Destacamento de Seguridad Urbana (Desur) de la Guardia Nacional en el sector Ciudad Chávez, al sur de Valencia, estado Carabobo.

Algunos de los detenidos corrieron con la suerte de permanecer solo unas horas en el lugar, mientras que otros llegaron a encontrarse con la noche hasta en tres oportunidades, sin camas, sin cobijas y sin la posibilidad de bañarse o cambiarse de ropa, de acuerdo con lo que aseguraron familiares de algunos de los detenidos, que en la actualidad están en libertad.

“No se lo deseo a nadie. Era una zozobra. Nos decían que los iban a privar de libertad. Ya están libres, pero ahora no pueden ni siquiera estar cerca de una manifestación”, indicó un familiar de uno de los detenidos durante el plantón convocado por la Mesa de la Unidad Democrática para el pasado lunes 15 de mayo.

Quienes han sufrido la represión del Plan Zamora señalan que es una arbitrariedad, un abuso y viola los derechos humanos.

Luis Armando Betancourt, coordinador del Foro Penal Venezolano en Carabobo

“A mi familiar se lo llevaron. Había gente que ni siquiera estaba protestando. Esto es un abuso, es amedrentamiento para evitar que la gente salga a la calle. Pero no van a poder con nosotros, no van a poder con el pueblo. Vamos a seguir”, indicó una joven en las afueras de los tribunales militares y quien no quiso identificarse por temor a represalias.

Violación a la Carta Magna

Para el abogado Antonio Marval, del Foro Penal Venezolano, la instalación de los tribunales militares es una acción que viola el ejercicio del debido proceso, el derecho a la legítima defensa y el juez natural consagrados en la Carta Magna.

“A las personas que no les dieron privativa, les dieron medida cautelar sustitutiva, algunos con régimen de presentación. A los privados de libertad se les están imputando los delitos de instigación a la rebelión y vilipendio, en algunos casos; ultraje a la Fuerza Armada Nacional, así como traición a la patria. Estos son delitos que solo se les pueden atribuir a militares“, aseguró Marval.

En las audiencias de presentación, que se realizan en el Destacamento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional, en el sector Ciudad Chávez, al sur de Valencia, los detenidos son presentados por grupos, sin discriminar los delitos o supuestos delitos cometidos.

Diputado a la Asamblea Nacional Ángel Álvarez

Marval asegura que quienes fueron detenidos durante los saqueos registrados en, al menos, seis municipios de Carabobo, entre el 2 y 4 de mayo, son juzgados de la misma manera que aquellas personas que fueron detenidas durante protestas pacíficas en la entidad.

“Son imputaciones masivas. A la luz del Código Orgánico Procesal Penal se tendría que determinar la circunstancia de modo, tiempo y lugar, así como la participación de cada una de estas personas. Aquí no hay discriminación; aquí hubo un caso donde eran 20 imputados y al número 19 le incautaron tres piernas de jamón y por eso está imputado por rebelión y vilipendio de las FAN“, acotó.

Cuando inició el Plan Zamora, 780 personas resultaron aprehendidas para chequeo, además de quienes fueron vinculados a los saqueos registrados en los municipios Carlos Arvelo, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y Valencia, entre el 2 y el 4 de mayo. También fueron aprehendidas 12 personas durante una protesta en el municipio Puerto Cabello.

En este hecho, Alexander Rodríguez, Jose Antonio Díaz, Vicente Duarte, Wilber Ruiz, River Medina, Edgar León, Douglas Yaniro, Anthony Castro, Wilibaldo Escalona, Jonnayker Briceño, Luis Alejandro Pazos y Oscar Arredongo fueron privados de libertad el pasado 10 de mayo y, posteriormente, trasladados a la cárcel el 26 de julio en Guárico.

Diputados rechazan el Plan Zamora

El vicepresidente de la Comisión de Régimen Penitenciario y Cultos, diputado Carlos Lozano, consideró que el Plan Zamora tiene como objetivo la persecución de quienes adversan al Gobierno nacional. “Es un plan con el que se busca reprimir a la disidencia, es un plan que imputa a unas personas en un tribunal militar por robarse tres kilos de jamón. Eso es el Plan Zamora: terror, miedo. Pero no se dejen intimidar, seguimos en la calles”.

Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional Ángel Álvarez considera que la medida es un acción para intimidar a la oposición y evitar las protestas. “Estos son procesos que a la luz nacional e internacional desenmascaran más a este régimen y lo muestra dictatorial. Al contrario de lo que pretenden, esto nos da más fuerza”.

Así mismo, Álvarez indicó que iniciarán un proceso de recepción de denuncias, en alianza con organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos y el Colegio de Abogados de Carabobo. “Esto debe tener el rechazo de toda la ciudadanía. Una persona no tiene que ser sometida a la humillación de ser detenida y, de paso, que les revisen sus teléfonos celulares y sus pertenencias. Aquí hay demasiada delincuencia como para que les estén sembrando miedo a ciudadanos decentes”.

Entre tanto, la jefa de la fracción parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y miembro del grupo parlamentario de Proyecto Venezuela en el Consejo Legislativo de Carabobo (Clec), Neidy Rosal, aseguró que el Plan Zamora, lejos de contribuir al resguardo del orden público, la paz y la armonía en la entidad, ha generado el efecto contrario.

“Es grave que civiles estén siendo sometidos a juicios militares, puesto que esto viola el principio constitucional de que todo ciudadano debe ser juzgado por sus jueces naturales”, agregó.

De igual manera, la legisladora señaló que las autoridades judiciales militares, con la aplicación del Plan Zamora, violan el artículo 49 de la Constitución, especialmente en el ordinal 4. “Este artículo consagra que toda persona tiene derecho a ser juzgado por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en esta Constitución y en la ley. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio sin conocer la identidad de quien la juzga, ni podrá ser procesada por tribunales de excepción o por comisiones creadas para tal efecto”, precisó Rosal.

Neidy Rosal recordó a las autoridades del estado que la seguridad en la entidad “es absoluta responsabilidad del Ejecutivo regional, por lo cual no se justifica la inacción o la no actuación oportuna de los cuerpos de seguridad competentes antes los hechos vandálicos y destrozos a comercios ocurridos en días pasados en Carabobo”./EPTZ