Ministra Iris Varela ordenó liberación de preso político

El ex gobernador del estado Aragua, Didalco Bolívar, y el empresario Alejandro Ramírez Saavedra, fueron imputados hace tres años por el delito de peculado doloso.

El primero huyó al extranjero y tras dos años de autoexilio, retornó al país para ponerse a derecho ante los tribunales, obteniendo su libertad condicional.

El segundo decidió quedarse en Venezuela y acudir ante la justicia, debido a la convicción que aún hoy en día sostiene, que es inocente. Sin embargo, está a punto de cumplir tres años tras las rejas.

Ante ese hecho, el profesional del derecho Pedro Aranguren sostiene que su defendido Alejandro Ramírez es un preso político, porque de otra manera no explica porqué uno de los imputados por presuntamente cometer el mismo delito goza de libertad y el otro no.

El 29 de marzo de 2009 fue detenido el empresario Ramírez Saavedra, a quien además de incautarle sus bienes –incluidos una televisora, una emisora radial, casas y carros-, fue condenado a prisión, condena que ha cumplido entre los calabozos del Sebin y la Mínima de Tocuyito, debido a un proceso que su abogado no duda en calificar de irregular y amañando y que hoy en exclusiva detalla para Primicias 24, tras confirmar que su defendido ha sido beneficiado con una medida cautelar emanada del despacho de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela.

¿Por qué considera que Didalco Bolívar quedó en libertad y su defendido Alejandro Ramírez ha pasado casi tres años en prisión, estando acusados ambos de los mismos delitos?

Primero hay que puntualizar que Didalco Bolívar, una vez que salió de la Gobernación de Aragua, se emprendió una persecución en su contra, y entre los empresarios que estaban haciendo un trabajo exitoso para esa gestión gracias a las obras que construyó, estaba precisamente Alejandro Ramírez, quien fue empleado como un chivo expiatorio para enjuiciar a Didalco Bolívar. A raíz de esa persecución, el exgobernador salió huyendo del país, pero como Ramírez no debía nada y todas sus negociaciones habían sido transparentes, se quedó para enfrentar legalmente las acusaciones en juicio que se le abrió que no tenía ni pies ni cabeza. Tras ese proceso, fue condenado por el delito de peculado doloso.

¿Qué pruebas manejó el poder judicial para condenar a Ramírez a prisión?

No se manejó ninguna prueba contundente para sentenciarlo. Lo que se le hizo fue una criminal persecución que incluyó a su esposa, a su suegra e incluso se le amenazó con que varios miembros de su familia iban a ser encarcelados, si él no admitía su culpabilidad en los hechos que le imputaban. Debido a esa violencia que se emprendió contra él y a que no hubo ningún tribunal imparcial que procesara los hechos apegado a derecho, aceptó los cargos.

¿Quiénes están detrás de la persecución contra Alejandro Ramírez?

Como un dato que revela las irregularidades en este caso, destaca el hecho que la ex fiscal Romina Pulido Aletti, quien ejercía la Fiscalía 25 con Competencia Plena a Nivel Nacional, fue la encargada de ejecutar este proceso amañado. Y una vez que Alejandro Ramírez estaba privado de libertad, una comisión del Sebin pasó por uno de los galpones que él poseía y se consiguió que la fiscal Pulido Aletti se estaba apoderando de bienes que estaban bajo custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), cargándolos en un camión en complicidad con otras personas. Fue detenida en flagrancia cuando cometía ese delito, posteriormente fue procesada e imputada por esos hechos. “Misteriosamente”, el Ministerio Público la benefició con una medida cautelar y Romina Pulido Aletti huyó del país, y hoy en día sigue prófuga de la justicia.

Pero esa persecución no la ejecutó sólo la fiscal Pulido Aletti… se supone que allí había gente detrás y ella ejecutaba…

Quienes estuvieron manejando ese proceso amañado contra Alejandro Ramírez, son los mismos quienes dirigieron la persecución contra el ex gobernador Didalco Bolívar.

¿Podría confirmar si es cierta la información que Primicias 24 obtuvo en tribunales, sobre la existencia de un oficio de la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, en la que se ordena la liberación de su defendido?

Alejandro Ramírez ya cumplió la pena a la que fue condenado, por lo que el tribunal de ejecución correspondiente, como era de esperarse, ordenó su liberación mediante una orden de excarcelación. Pero se le abrió un nuevo proceso para que no saliera en libertad, que incluso es más irregular que el primero, dado que se le vinculó a una empresa, de la cual no formaba parte ni en su directiva ni como accionista ni como trabajador, que solicitó de forma fraudulenta unos dólares a Cadivi. Las divisas nunca le fueron entregadas a esa compañía porque, presuntamente, el trámite lo realizó con unas órdenes de compra falsificadas. Aquí se cometió un abuso de poder en contra de Alejandro Ramírez, quien no tenía nada que ver con esa empresa, y sus perseguidores fabricaron un caso donde no existía nada en su contra para mantenerlo tras las rejas. El fiscal y el tribunal que conocieron del caso se prestaron para esta situación. Es aquí donde aparece la gestión de la ministra Iris Varela, quien desde que asumió el cargo ha ido evaluando junto a su equipo los miles de casos de privados de libertad que están sin juicio o que ya cumplieron condena y siguen presos, y entre los expedientes analizados está el de Alejandro Ramírez. No dudo que el Ministerio de Asuntos Penitenciarios determinó que por tener la sentencia cumplida y una orden de excarcelación que no ha sido ni cumplida ni acatada, mi defendido tiene que ser objeto de un beneficio procesal. El 8 de diciembre de 2011, fue dirigida una comunicación al presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Aragua, Juan Francisco Coggiola, en la que se insta a que Alejandro Ramírez se le otorgue una medida alternativa al cumplimiento de la pena, que es una libertad condicional. Con esta orden voy al tribunal de la causa a exigir que se acaten, tanto la boleta de excarcelación como lo que la ministra Varela está pidiendo.

Loable gestión

“A mí me parece loable lo que está haciendo Iris Varela, debido a que a raíz de la situación carcelaria que padece el país. Una audiencia preliminar se suspende diez, quince y hasta veinte veces porque no hubo traslado, porque el autobús estaba malo, porque el fiscal no fue, porque el tribunal hizo una audiencia en vez de la que se tenía prevista… en fin, es crónico el retardo procesal en el sistema judicial venezolano. Y tengo entendido que la ministra Varela ordenó que se cumpla de manera estricta con los traslados, tal como lo ordenan los jueces. También sé que ella se consiguió con grandes exabruptos cometidos por mala praxis judicial de fiscales y jueces, en algunos casos por negligencia y en otros por expresa intención, al mantener presos a ciudadanos siendo inocentes”, sostuvo el abogado Pedro Aranguren.

Para ver documento emanado por el despacho de Asuntos Penitenciarios de la ministra Iris Varela, en el que se exhorta al Circuito Judicial Penal del estado Aragua a darle un beneficio procesal a Alejandro Ramírez, haga click AQUÍ